A FONDO

El Plan Estratégico nacional de la PAC llega a Bruselas para su aprobación

Una versión inicial de este plan estratégico está disponible hasta el 4 de febrero en la web del Ministerio para consulta de todos los interesado

Tal y como había anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el Gobierno remitió el pasado 29 de diciembre a la Comisión Europea el Plan Estratégico para la Aplicación de la Política Agraria Común en España a partir del año 2023, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos de la PAC.

Según destaca el MAPA, el objetivo de este plan estratégico es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad, al tiempo que se impulsan cambios profundos y graduales que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, garantizando unos pagos más justos y eficientes.

Para Planas se ha conseguido articular “un plan estratégico nacional del conjunto de España, que es fruto del consenso entre las comunidades autónomas y que refleja la diversidad agronómica de un país que ofrece una variedad de modelos que van desde los cultivos continentales del norte hasta las producciones subtropicales del sur.” 

“Ha sido un trabajo muy arduo, intenso y tremendamente creativo, así como un ejercicio de consenso básico con las CC. AA. y las organizaciones agrarias”, subrayó el ministro en alusión a los tres años en los que se han mantenido más de 300 reuniones con los actores interesados, incluidas cooperativas y organizaciones sociales y ambientales. 

La propuesta incluye un plan financiero, que recoge los importes asignados a cada tipo de intervención para el período 2023-2027. En este ámbito, 24.290 M€ se destinarán a las ayudas directas; para las intervenciones sectoriales se ha programado un total de 2.856 M€ de gasto, mientras que la inversión pública total prevista en el ámbito del FEADER es de
8.380 M€. Si a estas cantidades se añaden los fondos no incluidos en el plan estratégico (programa POSEI, promoción horizontal de productos alimentarios, fruta y leche escolar, etc.), España dispondrá de más de 47.724 M€ de la PAC en este período.

Una versión inicial de este plan estratégico está disponible hasta el 4 de febrero en la web del Ministerio para consulta de todos los interesados, dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica. Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas y con las observaciones de la propia Comisión Europea, España propondrá un texto definitivo del plan estratégico. Se prevé que Bruselas lo apruebe a finales del primer semestre del 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero del 2023.

Ocho medidas propuestas

  • Las ayudas directas de la PAC se dirigirán a personas que cumplan alguna de las condiciones de la figura de “agricultor activo”: que estén afiliadas a la Seguridad Social agraria por cuenta propia; que al menos el 25 % de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria o que el importe de ayudas directas que reciban actualmente sea menor o igual a 5.000 € anuales.

 

  • Se destinará el 60 % del presupuesto de los pagos directos para ayudas directas a la renta a través de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (50 %) y del pago redistributivo (10 %). España seguirá otorgando la ayuda básica de manera diferenciada por regiones agrarias (agrupaciones de comarcas agrarias con características agronómicas similares) para dar respuesta a las grandes diferencias de estructuras de producción del sector agrario nacional. No obstante, se simplifica pasando de las 50 regiones actuales a 20 regiones. 

 

  • En el proceso de convergencia interna de las ayudas, los valores de los derechos de pago por encima de la media regional se reducen con el fin de aumentar el valor de los derechos por debajo de la media. 

 

  • Limitación y reducción de la ayuda básica: se fijará el importe máximo de los pagos en 100.000 € y se prevé una reducción progresiva cuando se superen los 60.000 €. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales. Ninguna explotación cobrará más de 200.000 € de ayuda básica a la renta.

 

  • Habrá un pago redistributivo de la ayuda de las explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.

 

  • Condicionalidad reforzada. Normas y buenas prácticas agrarias y medioambientales que cualquier persona beneficiaria de las ayudas directas de la PAC y de los pagos por superficie de desarrollo rural (agroambientales, zonas con limitaciones naturales, Red Natura 2000) tiene que cumplir en relación al medioambiente, el cambio climático, la salud pública, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar animal. Esta condicionalidad reforzada cuenta con 11 Requisitos Legales de Gestión y 10 Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales.

 

  • Los eco-esquemas remunerarán a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medioambiente a través de compromisos anuales voluntarios. Estas prácticas deben tener un nivel de exigencia mayor que la derivada del cumplimiento de la condicionalidad. La propuesta de eco-esquemas se basa en 7 prácticas concretas.

 

  • Ayudas asociadas a la realización de un determinado cultivo o al mantenimiento de un determinado tipo de ganado,vulnerables desde el punto de vista social y económico.