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20 de enero, 2023

Llega el e-Registro de contratos alimentarios

Se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban solo con los productores primarios y sus agrupaciones

Industria

El Consejo de Ministros aprobó el martes 20 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el Real Decreto 1.028/2022 (BOE, 21 de diciembre), que desarrolla el registro de contratos alimentarios de carácter digital (e-Registro), en el que se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban solo con los productores primarios y sus agrupaciones (sociedades cooperativas agroalimentarias, SAT y OPs reconocidas), como una vía más para cumplir con los preceptos de la Ley 16/2021, publicada en el BOE el 15 de diciembre de ese año y que modifica y completa la original Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Será, sin duda, uno de los pasos más importantes a dar con vistas a una mayor seguridad jurídica, eficiencia y transparencia en la supervisión de las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones de la cadena de valor. Un paso importante, pero aún insuficiente, a la espera de lo que pueda dar de sí la evaluación que también llevará a cabo la Comisión Europea (seguramente ya del nuevo equipo que salga tras las elecciones al Parlamento Europeo de mediados de 2024) sobre la aplicación y los resultados en los diferentes Estados miembros de la Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril de 2019, relativa a las políticas comerciales desleales en la relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

El e-Registro de Contratos Alimentarios es (o debería ser) un paso clave para mejorar la protección de los productores primarios y de sus agrupaciones, puesto que, al menos sobre el papel (y esperemos que también en la práctica) debería facilitar las funciones de inspección y control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las autoridades de ejecución de las CC.AA., que durante estos meses se han creado en la mayor parte de ellas, y que son las encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de cadena alimentaria en el ámbito de sus competencias.

Desde el sector productor agroalimentario (y, en parte, también desde la propia industria de transformación) se está pidiendo un refuerzo humano, técnico y presupuestario de la misma para dar cumplimiento a los fines que persigue. Fines que no son otros que mejorar la transparencia y la eficiencia en el traspaso de valor de un eslabón hacia el siguiente, desde el inferior al superior hasta llegar al consumidor final.

Y no que ese valor (o precio, aunque no sea lo mismo) sea impuesto desde arriba, desde la distribución comercial mayorista o minorista hacia abajo, a los anteriores para terminar acogotando al eslabón inicial que, en realidad, sería el último a la hora de acordar un precio por la venta de sus productos y obligándole, como ha sucedido tantas veces, a tener que vender a pérdidas, sobre todo en el caso de venta de alimentos frescos y perecederos.

El alta de los compradores, como paso previo, se ha podido ya realizar desde el pasado 22 de diciembre, mientras que la posterior inscripción de los contratos alimentarios (anexos e información complementaria) podrá a cabo a partir del próximo 31 de enero, de forma voluntaria a través de la aplicación electrónica “Registro de Contratos Alimentarios”, a la que se accederá a través de la página web de la AICA (www.aica.gob.es).

Su fin es garantizar el buen funcionamiento de la aplicación electrónica y asegurar que los compradores cuentan con tiempo suficiente para disponer de los recursos y conocimientos necesarios para cumplir con la obligación de inscribir los contratos correspondientes a partir del 30 de junio de 2023.