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21 de octubre, 2021

España y Portugal abordan el futuro de la pesca comunitaria

Analizan la situación de las pesquerías compartidas y el plan de gestión de la sardina ibérica

Pesca

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la secretaria de Estado de Pesca de Portugal, Teresa Coelho, han abordado distintas cuestiones relativas al futuro de la pesca comunitaria, como la Política Pesquera Común (PPC) y la próxima negociación sobre cuotas; así como asuntos de interés conjunto para ambos países como las pesquerías compartidas y la situación de la sardina ibérica.

La evaluación sobre la PPC y el intercambio de opiniones ante una futura revisión de la misma es uno de los principales asuntos incluidos en la agenda de trabajo que durante ayer y hoy desarrolla la secretaria general de Pesca en una visita a Portugal.

Entre los asuntos de interés compartido por ambos países, Villauriz y Coeho han analizado la situación de las pesquerías comunes de cara a la negociación del próximo TAC (total admisible de capturas) y cuotas que deberá aprobarse en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE del próximo mes de diciembre, fundamentalmente merluza sur (zona 8c-9a), anchoa (9), lenguado y cigala (9ª unidad funcional 30).

También se ha analizado la situación de la sardina ibérica y la aplicación del actual plan de gestión. En este aspecto se ha considerado de vital importancia mantener los trabajos científicos de las campañas IBERAS, PELAGO y PELACUS, que serán fundamentales para evaluar el estado de la población de sardina el próximo año.

Otro tema de interés para las flotas de ambos países suscitado ha sido la situación de la pesquería del bacalao ártico en Svalbard, en la que ambos países apoyan la postura adoptada en el seno de la UE, ante la decisión unilateral de Noruega de reducir la cuota de la UE en esta pesquería.

Finalmente la secretaria general de Pesca ha informado del estado de tramitación de la ratificación del acuerdo pesquero entre ambos países firmado en junio de 2021 y que, una vez sea convalidado por las Cortes, podrá entrar en vigor en enero de 2022, lo que redundará en beneficio de las flotas portuguesa y española que faenan en aguas del otro país.